Presión de Noroña obliga a FISCALÍA a RENUNCIAR en perseguir MANIFESTANTES de playa Cocinas
REPORTEROS VALLARTA EN LÍNEA
La presión social luego de la visita del senador Gerardo Fernández Noroña a Corral del Risco y la organización comunitaria marcaron un giro político en el conflicto por Playa Las Cocinas, donde pobladores exigen respeto a la zona federal y el retiro de acciones legales contra activistas.
Y es que luego del mitin sostenido en la plaza del pueblo el pasado domingo, un nuevo capítulo en el conflicto por Playa Las Cocinas ha sido escrito y, apenas dos días después de que el tema escaló mediáticamente, la Fiscalía de Nayarit tuvo que desistir de las carpetas de investigación abiertas contra manifestantes que defendían el libre acceso y el respeto a la zona federal marítimo terrestre.
El hecho no pasó desapercibido para los pobladores. Durante semanas, activistas de Corral del Risco y Punta de Mita denunciaron presiones, criminalización y acciones legales en su contra, mientras mantenían su exigencia de que se respetara la franja de playa pública frente al desarrollo turístico que se construye en la zona.
Sabiendo esto, en su visita, Fernández Noroña se comprometió públicamente a gestionar ante instancias federales el retiro de las carpetas de investigación contra los manifestantes, así como a solicitar la intervención de autoridades como la Profepa para revisar el caso personalmente.
También respaldó la exigencia de los pobladores de que se respete plenamente la playa pública y la zona federal, que por ley debe conservarse libre para el tránsito y uso común. El senador no llegó solo. Señaló que el seguimiento legislativo y político del caso quedaría acompañado por la diputada federal Andrea Navarro y la diputada local de Bahía de Banderas Madrid Gwendolyne, a quienes presentó como parte de su equipo de trabajo para mantener presión institucional sobre el conflicto y evitar que el tema volviera a quedar encerrado en promesas locales.
La presencia de Noroña tuvo un peso político inmediato. No sólo colocó nuevamente el caso en la conversación nacional, sino que exhibió las contradicciones de las autoridades locales y estatales, especialmente después de que el alcalde Héctor Santana había negado públicamente la existencia de carpetas de investigación contra manifestantes.
En su propia intervención durante el mitin, Noroña dijo que «ningún morenista que reprimiera al puebla» era su compañero y que la criminalización de la protesta era «un error que tenían que corregir» el gobernador y el alcalde.
Por eso, la versión municipal de que no existían carpetas fue confrontada por los propios pobladores, quienes afirmaron haber sido notificados de procesos y acciones legales derivadas de las protestas.
La contradicción terminó por aumentar el costo político para el gobierno de Bahía de Banderas, que quedó atrapado entre su discurso de diálogo y las denuncias ciudadanas de persecución. Ahora, con el presunto desistimiento de las carpetas, el alcalde Héctor Santana ha intentado fallida mente atribuirse con boletines y fotos montadas el resultado como una gestión propia.
Pero en Punta de Mita y todo Nayarit, la lectura es distinta: la presión nacional de un personaje con el peso político de Noroña, sumada a la unidad de los pobladores, obligó a recular al gobierno municipal, al gobierno estatal y a la Fiscalía de Nayarit, encabezada por Ludmila Heredia.
El giro también representa un golpe a la narrativa de que las protestas eran un asunto menor o manipulado. La movilización comunitaria logró resistir, documentar, denunciar y sostener una causa que terminó llegando a medios nacionales, legisladores federales y actores políticos con capacidad de presionar a las autoridades.
El conflicto de Playa Las Cocinas no está cerrado. Los pobladores mantienen su exigencia de que se respete la franja federal de playa, que se garantice el libre tránsito y que las autoridades federales revisen de fondo permisos, concesiones y obras vinculadas al desarrollo turístico.
Para ellos, retirar las carpetas es apenas el primer paso; el fondo sigue siendo que la playa no se negocia. La visita de Fernández Noroña dejó una frase política en los hechos: cuando la presión comunitaria se junta con una voz nacional, hasta los gobiernos que parecían cerrados tienen que moverse.
El senador además se dijo sorprendido de que este tipo de atropellos ocurran en gobiernos morenistas de su movimiento. Y señaló que el Gobierno se México de la presidenta Claudia Sheinbaum no podra aceptar otra cosa que no sean los 20 metros de playa reglamentarios.
En Playa Cocinas, la defensa del territorio ya no es sólo una protesta local; es una causa pública que puso contra la pared a autoridades municipales, estatales y ministeriales de Nayarit. Por ahora, el desistimiento de las carpetas representa una victoria para los manifestantes y un revés para quienes intentaron judicializar la defensa de la playa. La batalla legal y ambiental continúa, pero Punta de Mita logró algo fundamental: demostrar que la organización social puede frenar abusos cuando se mantiene firme, visible y acompañada.
