HÉCTOR SANTANA se fue de viaje por campaña e ignoró playa Cocinas
REPORTEROS VALLARTA EN LÍNEA
Mientras el conflicto por Playa Las Cocinas continúa sin una solución clara, el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, volvió a quedar bajo cuestionamiento político por aparecer en actos fuera de su municipio, particularmente en Santiago Ixcuintla, donde su presencia ha sido leída por críticos y pobladores como parte de una ruta anticipada de posicionamiento rumbo a la gubernatura de Nayarit, ignorando una agenda vinculada a la atención de los problemas urgentes de Bahía.
El contraste es políticamente delicado: mientras Santana busca proyectarse en otros puntos del estado, con una reputación que cada día se rompe como piñata ante sus desaciertos, en Punta de Mita la inconformidad social por la aparente privatización de Playa Las Cocinas sigue abierta y crece no solamente en todas las comunidades del municipio, sino que se esparce por los demás municipios de Nayarit, contra Santana y contra el gobernador Miguel Angel Navarro Quintero, autor maestro de este problema.
Este domingo, pobladores y defensores de la playa se organizaron para realizar una remada en paddle y un picnic pacífico en la zona, como forma de protesta y visibilización, luego de que el conflicto escalara en días recientes por las obras asociadas al desarrollo inmobiliario de Grupo DINE-Montage. La molestia social se mantiene porque, hasta ahora, los manifestantes consideran insuficiente la información pública sobre los permisos de la obra, y la maquinaria continúa avanzando sin freno.
El punto central no es solo el acceso físico a la playa, sino la transparencia: qué autorizó el municipio, la Federación y el estado, con base en qué documentos, bajo qué criterios ambientales y por qué se permitió una intervención tan cercana al mar.
Medios nacionales ya han documentado que la obra ha sido señalada por vecinos por su cercanía al oleaje y por presuntamente invadir o afectar la Zona Federal Marítimo Terrestre, mientras que la Secretaría de Gobernación recordó que el libre acceso a las playas debe garantizarse conforme al marco legal vigente.
El problema se agravó cuando la empresa planteó mover el proyecto cinco metros, una propuesta que fue presentada como una salida al conflicto, pero que entre pobladores fue recibida como una concesión mínima, casi ofensiva, en razón de «conformarse con migajas».
Para quienes defienden Playa Las Cocinas, no se trata de aceptar “cinco metros más” después de que un muro de roca redujo el espacio público, sino de revisar a fondo la legalidad de la obra, la protección de la playa y el derecho de la comunidad a usar el litoral sin sentirse arrinconada por un desarrollo privado.
La propuesta fue reportada por medios locales como parte de un intento de Grupo DINE-Montage por modificar el desarrollo y garantizar el acceso, aunque no cerró la inconformidad social. La crítica hacia Santana también se alimenta de la respuesta política de su gobierno. En lugar de abrir de inmediato toda la documentación y encabezar una mesa pública con garantías, el alcalde optó por difundir mensajes institucionales en la poquita prensa que su Gobierno Municipal paga, con boletines en los que defendió que su administración ha trabajado por los accesos libres a playas.
Pero esa estrategia de comunicación le terminó jugando en contra: en publicaciones y notas replicadas en redes, ciudadanos respondieron con enojo, burlas y comentarios sobre la percepción de que en Bahía de Banderas los desarrollos turísticos siguen ganando terreno frente al interés público.
El contexto legal vuelve más sensible el caso. La Profepa define la Zona Federal Marítimo Terrestre como una franja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa; además, la Ley General de Bienes Nacionales establece que el acceso a playas marítimas y a la zona federal contigua no puede ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo en los casos previstos por el reglamento.
A ello se suma que el caso ya tuvo un episodio de fuerza pública, luego de la detención de tres activistas opositores al proyecto de construcción de viviendas de lujo de Cantiles de Mita, filial de Grupo DINE, quienes posteriormente fueron liberados, pero a condición de que los demás dejarán de protestar en la carretera.
Por eso, aunque los pobladores han bajado el tono de las acciones de bloqueo, eso no significa que hayan aceptado la propuesta ni que estén conformes con el trato del gobierno municipal o estatal. Tras las detenciones, carpetas de investigación e intimidación policial han sido denunciados por activistas, por eso la protesta parece moverse hacia formas menos confrontativas, como la remada y el picnic, pero mantiene el mismo fondo: exigir que se transparente la obra, se garantice el acceso real a la playa por 20 metros y se revise si hubo complicidad o negligencia municipal en las autorizaciones.
La ausencia política de Santana en medio de esta crisis deja un vacío difícil de justificar. Un alcalde puede tener actividades fuera de su municipio, pero cuando su territorio enfrenta un conflicto de alto impacto social, ambiental y turístico, la prioridad tendría que estar en resolver, no en cultivar imagen estatal, que por cierto para él ya está muy degradada.
La percepción que crece entre inconformes es que Santana está más concentrado en su proyecto personal rumbo a 2027 que en dar la cara por Playa Las Cocinas. El conflicto, lejos de apagarse, sigue vivo. Los pobladores no están pidiendo un favor ni una dádiva de cinco metros: están exigiendo claridad sobre una playa que consideran parte de su identidad y de su derecho colectivo.
Y mientras no haya transparencia total en permisos, autorizaciones, alcances de obra y responsabilidades municipales, la inconformidad contra Héctor Santana seguirá creciendo, no solo por lo que se construye en la playa, sino por la forma en que su gobierno ha evitado resolver de fondo.
