Diputados Madrid Gwendolyne y Bruno blancas IMPULSAN mejor justicia para Jalisco y Nayarit
REPORTEROS VALLARTA EN LÍNEA
El Congreso del Estado de Nayarit fue sede del Parlamento Abierto “Justicia Alternativa”, un ejercicio de diálogo y socialización legislativa encabezado a partir de la iniciativa promovida por el diputado federal Bruno Blancas Mercado, representante del Quinto Distrito con cabecera en Puerto Vallarta, quien acudió personalmente a exponer los alcances de su propuesta, acompañado por especialistas y autoridades vinculadas al tema.
La jornada fue organizada en el ámbito local por la diputada de Bahía de Banderas Madrid Gwendolyne Vargas Paredes, con el objetivo de abrir la discusión en torno a mecanismos que permitan una impartición de justicia más ágil, accesible y cercana a la ciudadanía.
La presencia de Bruno Blancas tuvo un peso central en el desarrollo del encuentro, no solo por ser el impulsor de la reforma, sino porque fue él quien explicó el sentido de llevar esta propuesta más allá de su distrito y presentarla también ante congresos estatales.
Aunque su representación legislativa corresponde al Quinto Distrito con sede en Puerto Vallarta, el legislador sostuvo que la intención es concientizar a los estados sobre la importancia de fortalecer la justicia alternativa, al considerar que se trata de un modelo que puede ayudar a abatir rezagos judiciales, reducir costos para el Estado y ofrecer soluciones más rápidas en conflictos que actualmente saturan juzgados y tribunales.
En ese contexto, defendió la necesidad de construir una justicia “pronta y expedita” que responda mejor a las necesidades reales de la población. Durante las intervenciones técnicas se explicó que la iniciativa busca fortalecer a los centros de mecanismos alternativos de solución de controversias mediante mayor autonomía de gestión, personalidad jurídica y mejores condiciones presupuestales, de modo que puedan operar con mayor independencia y ampliar su cobertura.
Bruno Blancas remarcó que, bajo los esquemas tradicionales, algunos asuntos pueden prolongarse de ocho meses a un año o más, con costos institucionales elevados, mientras que la justicia alternativa permite resolver muchos casos en plazos mucho menores. Por ejemplo, de 30 mil pesos a un ciudadano en juicios, el costo de una resolución puede bajar a escasos 3 mil y el periodo, de meses o años, a 15 días en promedio.
La propuesta fue presentada como una apuesta no solo por la austeridad administrativa, sino por una forma distinta de atender conflictos, privilegiando acuerdos voluntarios, mediación y conciliación. A lo largo del Parlamento Abierto se subrayó que este tipo de justicia puede ser útil en materias civiles, mercantiles, familiares y en determinados asuntos penales no graves, evitando procesos largos y desgastantes.
Los ponentes coincidieron en que uno de sus principales atributos es que no impone necesariamente una lógica de vencedores y vencidos, sino que busca restaurar relaciones y propiciar acuerdos entre las partes. También se explicó que los convenios alcanzados ante mediadores certificados pueden ser elevados a la categoría de sentencia, lo que les da efectos jurídicos y mecanismos de cumplimiento.
En el evento participaron la diputada local Madrid Gwendolyne Vargas Paredes, del Congreso del Estado de Nayarit; el senador Miguel Pavel Jarero Velázquez; el doctor Jaime Oswaldo Pacheco Cueva, director de Mediación y Prácticas Restaurativas S. C.; el maestro Pavel Iván Rodríguez Gil, jefe del Departamento de Métodos Alternativos del Instituto de Justicia Alternativa del estado de Jalisco; la maestra Laura Hernández Chávez, mediadora conciliadora y facilitadora municipal; y el licenciado José de Jesús Salazar Zazueta, doctorante en derecho penal y presidente del Supremo Tribunal de Justicia Indígena y Pueblos Pluriculturales, todos con su ponencia e intervención.
En conjunto, las participaciones reforzaron la idea de que la mediación y la conciliación pueden ayudar a reconstruir tejido social, reducir el desgaste emocional de los procesos judiciales y ampliar el acceso a la justicia en comunidades donde hoy sigue siendo lejana o lenta.
Madrid Gwendolyne Vargas Paredes destacó la importancia de abrir este tipo de espacios en Nayarit y respaldó el impulso a mecanismos que permitan mejorar la calidad de la impartición de justicia en el estado. La legisladora dejó ver además una visión regional al sostener, en otro momento del encuentro con medios, que Bahía de Banderas y Puerto Vallarta no deben mantenerse divididos, sino trabajar en equipo en temas de interés común. Esa postura dio al foro un matiz adicional de coordinación entre Nayarit y Jalisco, especialmente tratándose de una iniciativa presentada por un diputado federal vallartense que decidió llevar el debate a territorio nayarita.
Así, el protagonismo de Bruno Blancas Mercado dentro del Parlamento Abierto no se limitó al plano legislativo formal. Su papel también fue el de promotor directo de la reforma, expositor de sus ventajas y articulador de una gira de socialización para que los congresos locales conozcan el modelo y eventualmente armonicen sus marcos normativos. D
Desde su posición como diputado del Quinto Distrito con sede en Puerto Vallarta, el legislador llevó la discusión al Congreso de Nayarit con el argumento de que la justicia alternativa no debe verse como un tema local o aislado, sino como una herramienta nacional para modernizar el sistema, acercarlo a la gente y ofrecer respuestas más eficaces a conflictos cotidianos.
Con este foro, el Congreso de Nayarit se convirtió en espacio de difusión para una iniciativa que Bruno Blancas ha colocado como eje de su agenda legislativa, mientras que la diputada Madrid Gwendolyne Vargas Paredes asumió la tarea de abrir el diálogo en la entidad y el compromiso de impulsar este tema para aprobarse en lo local una vez que el congreso federal lo valide.
El mensaje de fondo fue que una justicia más rápida, menos costosa y más restaurativa puede convertirse en una vía concreta para mejorar la atención institucional a la ciudadanía, siempre que exista voluntad política, estructura suficiente y coordinación entre distintos niveles de gobierno.