Agradece Héctor Santana a la Fiscalía y al gobernador… por liberar a quienes reprimieron
REPORTEROS VALLARTA EN LÍNEA
En política hay fotos que ayudan y fotos que delatan. Y la reciente publicación del alcalde Héctor Santana, agradeciendo al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y a la Fiscalía de Nayarit por la liberación de Fabricio Yáñez Fonseca, Sandra Cano Navarro y Antonio Benavides de la Cruz, pretendió colocarlo en el papel de gestor oportuno, casi de héroe libertador. Sin embargo, logra todo lo contrario: restarle seriedad y hasta rozar en la burla y la carencia de respeto.
Pues el problema es que los tres pobladores no fueron liberados de un secuestro ni de una desgracia natural: sino detenidos en medio de una protesta para defender playa Las Cocinas, dentro de un conflicto que creció precisamente por la omisión municipal y la tibieza política del alcalde respecto al actuar del gobernador, en torno a la falta de respuestas claras sobre las obras que se realizan en la zona.
La ironía es gruesa: Santana agradece a las mismas estructuras estatales que, de acuerdo con denuncias de pobladores y reportes nacionales, participaron en el operativo que intimidó y retiró a manifestantes de la playa, llevándose hasta Tepic a 3 habitantes de Bahía de Banderas como si fueran capos de la droga.
Habitantes denunciaron la detención y presunta agresión de tres ciudadanos durante esta protesta contra obras atribuidas a Grupo DINE, y que los inconformes acusan falta de autorización ambiental e invasión de la Zona Federal Marítimo Terrestre. En torno a la playa, para proteger los trabajos cuestionados, hubo un despliegue de alrededor de 50 elementos estatales y que estuvieron empujando a los manifestantes. Protegían obras que no mostraban permiso ni impacto ambiental. El interés por transparentar el proyecto, ha sido casi nulo.
En su publicación el alcalde Héctor Santana escribió que en Bahía de Banderas se cree en el diálogo y que “cuando hay voluntad se logran buenos resultados”. La frase suena correcta, pero llega tarde y chueca, además parece burla. Si el diálogo era la vía, no debieron terminar tres ciudadanos detenidos solo por alzar la voz en favor de un acceso público a la playa. Es un derecho. No es negociable.
Si había voluntad, no debió escalar el caso hasta medios nacionales, legisladores federales y la Secretaría de Gobernación, que finalmente atrajo el caso. Y si el municipio estaba del lado de su gente, lo mínimo era defender sin medias tintas el derecho de los pobladores a exigir claridad sobre permisos, límites de la obra y libre acceso a la playa. Pero Héctor Santana, guardó silencio. El alcalde que con entusiasmo se pone el casco o el chaleco y se iba a la calle a defender una causa, ahora destacó por lavarse las manos. «No tengo facultades para parar la obra», dijo.
El mensaje de Santana también pasa por alto un hecho incómodo: el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero endureció el discurso contra los manifestantes, mientras la inconformidad social seguía creciendo. Les llamó delincuentes. Los mandó a reprimir y encarcelar, intimidar. Invadió al Municipio con policías que deberían estar cuidando las carreteras y calles de la delincuencia. Pero el alcalde, no protestó.
Por eso resulta políticamente insensato e irrespetuoso que el alcalde agradezca como si la liberación fuera una concesión generosa del poder estatal, cuando el reclamo de fondo es que la protesta fue criminalizada. De hecho, Héctor Santana resulta cómplice de un chantaje, porque el Gobierno de Nayarit condicionó la liberación de estos «prisioneros políticos» al retiro del bloqueo vial en la carretera, que exigía cesara la maquinaria en la playa hasta no ver los permisos.
Solo después de que la senadora panista Ivideliza Reyes Hernández llevó el tema a tribuna del Congreso y acusó que en Nayarit se está criminalizando a ciudadanos que defienden el libre acceso a Playa Cocinas; la diputada federal de Morena Beatriz Andrea Navarro Pérez denunciara también en San Lázaro que la intervención estatal violó el principio de legalidad en territorio federal y sostuvo que los detenidos estaban dentro de la franja de 20 metros de uso común; el igualmente legislador nacional PETISTA Fugio Ortiz pidiera la intervención de la misma Claudia sheinbaum y la liberación de los detenidos en este caso; el senador morenista Pável Jarero expresara respaldo a quienes defienden el acceso libre a las playas públicas de Nayarit y se refiriera específicamente a Playa Cocinas, en Bahía de Banderas. Las diputadas locales Madrid Gwendolyne y Carmina Regalado condenaran los hechos. Vaya, hasta la titular de la PROFECO en la región Myrna Encinas abogara por las playas libres desde su Facebook.
Únicamente después de salir en portada de tantos noticieros nacionales incluída La Jornada y LatinUS por este caso de represión. El gobernador tuvo que ceder, Santana tuvo que simular, y el Gobierno de Nayarit organizó una patética rueda de prensa dónde afirma que se trata de un «ganar-ganar», como si la playa fuera negociable. No hay héroes aquí además de los manifiestantes. Hay charlatanes e impostores y oportunistas, además de un pésimo manejo de crisis en las administraciones municipal de Bahía y estatal de Nayarit.
Los ciudadanos no salieron a la calle para pedir una foto con el alcalde ni un mensaje de agradecimiento al gobernador. Salieron porque denuncian que la maquinaria continúa trabajando sobre la playa, que no se conocen de forma pública y suficiente los permisos, que existe temor de privatización o restricción del acceso, y que la autoridad municipal ha preferido administrar el costo político antes que encabezar la defensa clara de los pobladores.
Santana quizá habría pagado menos políticamente si hubiera dicho de frente que tiene compromisos con el gobernador y que por eso no puede frenar la obra. Al menos habría sido una sinceridad brutal, pero sinceridad al fin.
La entrada del gobierno federal confirma que el conflicto ya rebasó al municipio y al estado. Gobernación emitió un comunicado oficial en el que informó que mantendrá atención institucional permanente para garantizar el acceso público a playa Las Cocinas, en la ZOFEMAT de Punta Mita, y que junto con Semarnat y el Gobierno de Nayarit mantiene comunicación con habitantes y actores involucrados.
Además, anunció mesas de diálogo con Profepa, autoridades estatales, representantes de la empresa y pobladores, así como supervisión técnica y acciones de verificación ambiental. Ese oficio federal cambia el tablero: ya no basta el discurso local de “todo está en diálogo”. Ahora tendrán que revisar avances, permisos, evaluaciones técnicas y condiciones reales de acceso público.
La pregunta es sencilla y sigue sin respuesta convincente: si todo está legal, si nada invade, si no hay afectación ambiental y si nadie pretende cerrar el paso a la playa, ¿por qué no transparentan los permisos completos y paran la tensión con documentos, no con policías?
Santana quiso celebrar la liberación de tres manifestantes como victoria política. Pero la postal dejó otra lectura: un alcalde que aparece cuando la presión ya lo alcanzó, que agradece al poder estatal en vez de exigir cuentas, y que intenta convertir en mérito propio la corrección parcial de una crisis que nunca debió llegar a las detenciones.
En Playa Cocinas, el verdadero resultado no será la foto de los liberados, sino saber si la playa seguirá siendo pública, si la obra cumple la ley y si Bahía de Banderas tiene alcalde para defender a su gente o solo vocero para quedar bien con el gobernador. Porque si los ex detenidos se tomaron la foto con Héctor, no fue por agradecimiento, sino por miedo.
